Gestación subrogada, una grave violación de los derechos humanos.
La relatora especial de la ONU para la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem, ha pedido la abolición universal de la gestación subrogada, denunciando que muchas madres subrogadas sufren coerción física y económica, riesgos para su salud y violaciones a su privacidad. Según su informe, los niños nacidos por subrogación experimentan daños psicológicos al separarse al nacer de la única madre que conocieron, y enfrentan un mayor riesgo de trata, abandono o apatridia si los acuerdos fracasan. Además, Alsalem afirma que muchos embarazos subrogados se interrumpen de forma arbitraria por petición de los padres comitentes, sin tener en cuenta la etapa de la gestación. Ella hace una analogía entre la gestación subrogada y prácticas como la prostitución o la pornografía, ya que todas implican explotación, especialmente de las mujeres más pobres. Propone un modelo “abolicionista”, similar al modelo nórdico de prostitución, donde los compradores serían penalizados. Su postura ha sido apoyada por varios gobiernos —como Italia, que ya prohíbe la subrogación— y por más de 180 organizaciones civiles que han firmado una carta conjunta demandando la eliminación de la gestación subrogada. El informe ha generado un debate internacional sobre dignidad, derechos humanos y la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y los niños.
¿Qué es la gestación subrogada?
La gestación subrogada (también llamada maternidad subrogada) es un acuerdo por el cual una mujer (la madre subrogada) acepta gestar y dar a luz a un niño para otra persona o pareja, llamada “padres comitentes” o “intencionales”, que serán los progenitores legales del bebé. Hay distintos tipos: puede ser altruista, donde la madre subrogada no recibe una compensación económica (o solo los gastos), o comercial, donde sí hay una paga o retribución. Este proceso conlleva complejos aspectos legales, éticos y de derechos humanos: por ejemplo, sobre quién tiene la custodia, los derechos de la mujer gestante, la compensación, y el bienestar del niño. Además, puede haber riesgos para la salud de la madre gestante y dilemas sobre la “propiedad” del niño, lo cual es precisamente lo que denuncia la relatora Alsalem en su informe.
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